La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigir al Estado cubano el cese del hostigamiento al activista Javier Delgado Torna, así como garantizar su vida y el respeto de sus derechos.
En una carta dirigida a Stuardo Ralón, el relator para Cuba de la CIDH, la organización asentada en Miami asegura que el ex preso político, miembro de la iniciativa Cuba Decide “ha sido víctima de una persecución estatal sistemática debido a su defensa pacífica de la democracia y los derechos humanos”.
“Es fundamental que las organizaciones internacionales comprendan que en Cuba la represión no termina con la excarcelación. Muchos ex presos políticos, como Javier Delgado Torna, siguen viviendo bajo amenaza constante, vigilancia, citaciones y presiones arbitrarias, a pesar de estar gravemente enfermos o haber sido liberados por razones humanitarias”, dijo a Martí Noticias, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias de la FPD.
Delgado Torna, condenado a tres años y seis meses de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la localidad villaclareña de Caibarién, fue excarcelado el 6 de mayo de 2024 bajo una licencia extrapenal debido a las enfermedades que ya padecía al momento de su reclusión, pero que se le agravaron durante su encierro: insuficiencia cardíaca avanzada, cardiopatía isquémica, diabetes tipo 2, insuficiencia renal crónica e hipertensión.
Antes, debido a las condiciones que reinan en las cárceles cubanas como la falta de acceso a medicamentos, la alimentación inadecuada y la negligencia médica, y por la presión internacional, las autoridades judiciales concedieron una licencia extrapenal de un año al activista.
Transcurrido ese plazo, fue puesto de nuevo tras las rejas, pero la precariedad de su salud obligó a sus familiares a solicitar en agosto de 2023, una nueva licencia extrapenal que le fue denegada por el Tribunal Provincial de Santa Clara con el argumento de que “el sancionado no ha sentido aún el rigor suficiente de la sanción”.
En abril de 2024, la CIDH intervino solicitando al Estado cubano información sobre la crítica situación de salud de Delgado Torna y las medidas adoptadas para protegerlo: obtuvo una nueva licencia extrapenal “indefinida por motivos de salud”.
Sin embargo, la Seguridad del Estado continuó acosándolo, en especial, desde que protagonizara una manifestación pública de descontento por los continuos y prolongados cortes de energía eléctrica en el país, indica la Fundación para la Democracia Panamericana.
“Saben que no me pueden faltar el respeto, pero ellos están en constante acoso conmigo, me citan a cada rato, vienen a mi casa, me amenazan, se ponen en la esquina como para intimidar, tratan de acercarse a mí, me hacen preguntas provocadoras”, relató Delgado Torna a nuestra redacción.
“La última citación que tuve fue porque que nos metimos más de 25 horas de apagón, que a mí se me echó a perder una olla de frijoles, con lo caros que están. Por decisión propia fui al gobierno municipal y tiré en el portal la olla de frijoles. Les dije que los únicos responsables de lo que estaba pasando eran ellos que no querían soltar al pueblo. AL otro día me citaron para hacerme un acta de advertencia”.
La acción del activista fue calificada por las autoridades como una demostración política, y por ello se le avisó que podría ser acusado penalmente por el delito de Desobediencia.
“Visibilizar estos casos es crucial porque evidencian que la represión es un sistema, no un episodio aislado. Y mientras la comunidad internacional solo mire hacia los casos de encarcelamiento activo, se corre el riesgo de ignorar una de las formas más sutiles y prolongadas de persecución política: la que se ejerce día a día sobre quienes se atrevieron a alzar la voz y hoy sobreviven en libertad condicional, física y moral”, resaltó Vargas.
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